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Luchar contra los corruptos, una prioridad en Bogotá.

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La corrupción produce una afectación colectiva importante de la que no siempre la sociedad es consciente. Todo tipo de medida es necesaria para evitarla y enfrentarla.

En el orden nacional hay que evaluar con seriedad cambios normativos y de procedimiento que dificulten cometer actos corruptos. Por ejemplo, que las condenas y la obligación de reparación fueran más exigentes, sería un gran paso hacia la transparencia. Además, debe existir algún mecanismo que evite la concentración contractual, especialmente en aquellas empresas que hacen de todo (desde hacer refrigerios hasta prestar acompañamiento social a víctimas). Ganan en procesos contractuales generalmente cuestionados, son de las mismas personas con empresas que cambian de nombre y, a la larga, no hacen nada realmente bien, pero sí evitan que otras firmas serias logren entrar a ser parte de los contratistas del Estado. Democratizar de verdad la contratación es un camino efectivo para la transparencia.

A nivel distiral es posible avanzar en tareas de la lucha anticorrupción y en esa medida formulo estas propuestas:

La información contractual debe ser de fácil acceso y comprensión

Según el Monitor Ciudadano de la Corrupción 2016 - 2018, aunque el problema tiene muchas aristas, como la de la esfera privada o la del sistema de judicial, la que tiene que ver con contratación es la más preocupante. Del total de reportes de casos de corrupción que tuvo en cuenta este boletín, un tercio (33,5 %) tenía que ver con contratación pública. Por eso el informe concluyó que éste debe ser el tema de prioridad de la acción anticorrupción.

Aunque existe la plataforma llamada Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), la verdad es que el acceso y la consulta de este mecanismo no es simple. Es necesario que cada entidad del Distrito cuente en su página web con una tabla en la que consigne su información contractual precisa. Número de contrato, número de proceso contractual, contratista, monto, adiciones, prórrogas, modificaciones, plazos, avances y hasta procesos por incumplimientos. Es clave que dentro de esa información estén explícitos los nombres y porcentajes de participación de los miembros de uniones temporales y consorcios. Cuando no se conocen esos datos no se pueden rastrear empresas cuestionadas y no se logra identificar la creciente concentración contractual.

La información sobre funcionarios y servidores públicos debe ser transparente

Según Transparencia por Colombia, aunque ha aumentado el reporte de hechos de corrupción generados por agentes privados, los actores de la esfera pública (tanto funcionarios como servidores electos) representan aún el 69 % del total de hechos reportados. Los elegidos por voto popular representan un 30 % y, dentro de este total, un 41% de casos es protagonizado por concejales y un 40 % por alcaldes. Esa realidad es común en muchos países, por eso en experiencias como la española se han propuesto mecanismos de transparencia específicos para prevenir la corrupción ejercida por estos agentes. Es una alternativa que se debe adoptar.

En el caso de la Administración Distrital es necesario que se publique el registro de actividades e intereses de todos los altos cargos, su hoja de vida con soportes, declaración de renta y sanciones previas. Las actas y audios de las juntas de gobierno deben ser accesibles. Para los cuerpos colegiados como el Concejo (para aspirantes y elegidos), también es necesario hacer pública la información de bienes y rentas, financiación de campaña, apoyos, sanciones anteriores, posibles impedimentos, equipo de trabajo y votaciones, para quienes ya son concejales.

Los ciudadanos deben conocer y participar en las decisiones

Cuando la gente sabe qué proyectos e inversiones se priorizan, se facilita detectar si los recursos se desvían o no. Desde el Concejo es necesario ayudar a visibilizar y propiciar la participación en procesos fundamentales como la construcción del plan de desarrollo o de los presupuestos. Deben existir indicadores claros que permitan observar el nivel de participación, de incidencia y de conocimiento de los criterios que se tienen para priorizar una u otra decisión.

El índice de transparencia de países como Costa Rica tiene como una de sus variables fundamentales la participación. Esa herramienta en Bogotá la ha venido desarrollando la Veeduría Distrital, pero debe fortalecerse con enfoques como este, que incluye mediciones sobre acceso a información, conocimiento de ejercicio de rendición de cuentas, programas de datos abiertos del gobierno y nivel de participación. Según Bogotá Cómo Vamos, el 87,3% de la población no hace parte de ningún espacio participativo. Esto es un caldo de cultivo para que las decisiones beneficien a pocos y se produzcan actos de corrupción.

Es necesario impulsar ejercicios de veeduría

Transparencia por Colombia ha identificado que en el nivel municipal es más usual encontrar hechos de corrupción. Atribuye esto a que allí la capacidad de gestión es menor que en el nivel nacional, los procesos de planeación son más precarios y hay alta incidencia del clientelismo. En general, la institucionalidad es débil y suele estar capturada por privados. Algo muy similar pasa con el nivel local en Bogotá. Si bien hay casos de corrupción en todos los ámbitos, el tema de las localidades ha escapado al control de todas las administraciones y recurrentemente se vuelve a hablar de los mismos hechos, de las mismas advertencias por parte de entes de control e, incluso, de los mismos protagonistas. Se tropieza muchas veces con la misma piedra.

Dada la cantidad de contratos en ese nivel local, es muy difícil que los entes de control puedan abarcar y conocer todas las realidades que facilitan la corrupción en ese campo. Las veedurías ciudadanas son una herramienta fundamental para estos escenarios y deben ser promovidas. Cuando están conformadas por personas que conocen su localidad, su barrio y las situaciones y necesidades que allí se presentan, es más probable que detecten hechos irregulares y puedan denunciarlos.

Formación anticorrupción

La cultura ciudadana también debe abarcar el tema de la importancia de una conducta anticorrupción. Nuestra cultura tiende a normalizar y hasta premiar comportamientos que burlan normas o afectan lo público. Se debe trabajar en cambiar esa mentalidad desde diversos campos, las escuelas y los colegios son un escenario (hay un proyecto de ley en ese sentido), pero otros campos como el ejemplo hacia niños y jóvenes es fundamental. La no tolerancia a hechos corruptos debe ser absoluta. De lo contrario es difícil romper la cadena. Por ejemplo, mientras se piense que lo normal entre los políticos es tener clientelas a las que presionan y chantajean, ese fenómeno no va a terminar o, para no ir muy lejos, mientras las personas cambien su voto por cualquier dádiva, el perfil de los elegidos tampoco cambiará.

Finalmente, la estrategia de mayor impacto en esta batalla contra los corruptos es materializar la decisión ciudadana sobre las prioridades de gasto, especialmente en el ámbito que debería ser el más cercano a la gente, que son las localidades. Los presupuestos participativos, que Navarro Wolf implementó con éxito en Nariño, han demostrado que se recupera confianza de la población, se descartan proyectos innecesarios y crece el conocimiento ciudadano sobre los temas prioritarios de su territorio.

Es por esto que la estrategia Gobierno Abierto de Bogotá (GABO) que propone Claudia López es acertada. Involucra además de este tema de presupuestos participativos para Fondos de Desarrollo Local y sectores priorizados como cultura, educación y movilidad, la participación incidente en el diseño de políticas (desde el mismo Plan de Desarrollo). También incluye una política de transparencia y acceso amplio a información, además de la promoción de veedurías ciudadanas y el propósito de cumplir los mandatos de la Consulta Anticorrupción.

Todo este paquete de medidas va encaminado a reducir la pérdida de dinero público que, según se calculó por la Contraloría General de la República, puede llegar a ser de $50 billones de pesos al año. También van dirigidas a recuperar la confianza de los ciudadanos en lo público mediante alternativas que les permitan incidir y controlar el destino de los recursos.